El miércoles pasado el proyecto de Ley de Barrios Populares logró la aprobación de la Cámara de Senadores de la Nación y de esta manera se convirtió en Ley. En líneas generales, la nueva normativa estipula que las tierras en las que han sido asentados barrios humildes y villas de emergencia, que se estima son alrededor de 4.400 asentamientos, dispongan de una herramienta legal para regularizar su situación.

Al respecto de esta ley se refirió Martín Poustis, referente local del Movimiento Evita, quien resaltó que la aprobación por parte del Senado de este proyecto ha sido sin dudas “uno de los pasos más importantes hasta el momento en lo que tiene que ver con la integración de los barrios populares”, ya que recordó que esto es resultado de “un proceso que tiene una historia bastante importante en la Argentina”.

En este aspecto, el líder social aseguró que durante años el Estado nacional ha tenido “una desidia respecto de una política seria de vivienda”, lo cual explicó que provocó que “en distintos puntos de nuestro país se generen villas y asentamientos”, y es por ello que señaló que durante años “hubo un proceso que tenía que ver con cómo pensar cómo dignificar esos espacios”.

En esta misma línea, Poustis recordó: “A comienzos del 2015, en los últimos meses de la gestión anterior, los movimiento populares comenzamos a avanzar en una mesa de diálogo en la posibilidad de comenzar a regularizar la situación de todos estos barrios. En el medio de ese diálogo nos agarró el cambio de Gobierno, pero nosotros entendíamos que más allá de quien administra puntualmente el Estado, los movimientos sociales habíamos logrado generar una mesa de discusión con el Estado, por eso es que más allá de que quizás habían cambiado los vientos, continuamos con este pedido”.

De acuerdo a lo que relató Poustis, a partir de ese diálogo que se logró entablar en 2015 se inició un proceso de relevamiento, el cual se desarrolló en 2016, y que llevó por nombre Relevamiento Nacional de Barrio Populares, a través del cual señaló que “pudimos conocer la situación de todos estos barrios”. Gracias a dicho censo, el líder social explicó que “hoy sabemos que en nuestro país tenemos alrededor de 4.400 barrios que no tienen regularizada su situación nominal”.

Según indicó Poustis, esta situación irregular de los barrios populares provocó que “las casas que se han construido en esos barrios muchas veces son precarias, no sólo por cuestiones que tienen que ver con la economía familiar, sino también por la incertidumbre de no saber qué va a pasar”, y al mismo tiempo mencionó que “muchas de las familias que habitan en esos barrios, en la mayoría de los casos no contaban ni con los servicios básicos”.

Una vez llevado a cabo dicho relevamiento, Poustis indicó que fue posible que “salga un decreto, ya hace un año, que crea el Certificado de Vivienda Familiar”, el cual precisó que permite que “las familias puedan tener derecho a solicitar todos los servicios públicos”. A ello se suma esta nueva Ley que fue sancionada el pasado miércoles, con lo cual destacó que de ahora en más “las familias que habitan en estos barrios no puedan ser desalojadas, y puedan acceder a su escritura en un plazo de 5 años”.

Asimismo, Poustis agregó: “En la mayoría de los casos en donde se han asentado estos barrios, hablamos de que son terrenos públicos, pero en los casos en que son terrenos que son de privados, el Estado va a comprar a los dueños esos terrenos, por lo cual muchos propietarios que daban por perdidas aquellas tierras, sobre las cuales se han asentado estos barrios, hoy van a obtener un resarcimiento”.

Por último, el líder del Movimiento Evita de La Costa señaló que de ahora en más resta esperar que la Ley entre en vigencia y que “luego vendrá la supervisión que tenemos que hacer de que se aplique”, aunque al respecto aclaró: “Por lo pronto a partir de la entrada en vigencia de la Ley, quedan suspendidos todos los desalojos sobre esos barrios, en tanto se va a dar el proceso de la escrituración de cada una de las viviendas”.        

Lic. Graciela Marker