La Libertad Avanza (LLA) presentó un pedido para que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, comparezca ante la Legislatura provincial y brinde explicaciones sobre las políticas implementadas por el gobierno de Axel Kicillof frente a la inseguridad.
La solicitud fue elevada a ambas Cámaras y se conoció en un contexto marcado por una serie de episodios violentos registrados en el conurbano bonaerense. En su presentación, el espacio opositor reclamó información sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial y cuestionó la estrategia oficial en materia de seguridad.
El referente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo que Alonso “debe dar explicaciones” y afirmó que existen falencias en la disponibilidad de estadísticas sobre personal policial, recorridos de patrullaje y mapas del delito actualizados y accesibles.
Pareja también cuestionó lo que definió como una “mirada garantista” de la seguridad y aseguró que la situación que atraviesa la provincia es “desesperante”. En ese marco, sostuvo que “el delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía” y reclamó que el ministro concurra a la Legislatura para rendir cuentas.
“Queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses”, expresó el dirigente.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, profundizó las críticas al Ejecutivo provincial. “Los vecinos necesitan seguridad, no discursos”, afirmó, al tiempo que responsabilizó al gobierno bonaerense por la situación delictiva.
También se pronunció el titular del bloque de diputados de LLA en la Provincia, Juanes Osaba, quien dirigió sus cuestionamientos al gobernador Axel Kicillof y reclamó cambios en la política de seguridad.
“Exigimos que el gobernador Axel Kicillof dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas”, expresó Osaba. El legislador cerró su planteo con un pedido de mayor aplicación de las leyes y endurecimiento de la respuesta estatal frente al delito.