El Municipio de General Madariaga presentó días atrás ante la Justicia pruebas de un nuevo derrame cloacal proveniente del partido de Pinamar, que superó el límite de la Ruta Provincial N° 11 y generó daños ambientales en territorio madariaguense. La denuncia incluyó registros que evidencian la reiteración de estos episodios, y solicitó la intervención urgente del Juzgado para garantizar la tutela efectiva del ambiente, la salud pública y los bienes colectivos.
Sin embargo, el pasado viernes 9, el Juzgado interviniente resolvió no habilitar la feria judicial. En la providencia, se argumentó que el pedido no reviste el carácter de “medida excepcional” requerido para este tipo de habilitaciones, ya que no se acreditó la existencia de un perjuicio grave ni la inminente afectación de derechos constitucionales. Además, se aclaró que el eventual retraso en la tramitación del expediente no constituye motivo suficiente para justificar la habilitación extraordinaria.
En su presentación, el Municipio de Madariaga había solicitado que se ordenen acciones inmediatas a los codemandados —la Municipalidad de Pinamar y la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP)— entre ellas, el saneamiento de la Ruta 11 y de las zonas afectadas, la limpieza, desinfección y remediación ambiental, así como la recomposición provisoria de los suelos dañados. También se pidió la participación de organismos técnicos provinciales para supervisar las tareas y que se informen periódicamente los avances al Juzgado.
El planteo se fundó en la Ley Provincial N° 11.723, que establece las pautas para la protección ambiental en el ámbito bonaerense, y apeló a los principios de prevención y precaución frente a la posibilidad de daños irreversibles.
La falta de una resolución urgente mantiene la preocupación en las autoridades de Madariaga, que consideran que la persistencia de estos derrames representa un riesgo ambiental constante y requiere una respuesta judicial más ágil y eficaz.