Según reporta el sitio ambiental, Naturaleza.ar, la acción judicial fue impulsada por el colectivo Convocatoria Ambiental, con el patrocinio gratuito de la organización Naturaleza de Derechos, en defensa del derecho humano al acceso a agua segura. En su presentación, los amparistas reclamaron que ABSA construya una planta potabilizadora que garantice el suministro de agua apta para consumo a toda la población de General Belgrano.
En atención a la magnitud del problema y su impacto directo sobre la salud pública, especialmente en sectores vulnerables y en aquellas zonas de la ciudad que carecen de acceso a la red domiciliaria, se solicitó también una medida cautelar para que la empresa estatal garantice el reparto de agua envasada en bidones en los hogares de las personas amparistas, así como en centros de salud, escuelas y espacios recreativos.
Asimismo, se pidió la instalación de puntos de distribución de agua potable accesibles a toda la comunidad, priorizando a los grupos más afectados por la contaminación y la falta de infraestructura.

Medidas cautelares
El magistrado resolvió favorablemente, otorgando las medidas cautelares requeridas, y ordenó que el caso sea incorporado al Registro de Amparos Colectivos de la Provincia de Buenos Aires, conforme a la doctrina establecida en el fallo Kersich. Además, dispuso la intervención de la Asesora de Incapaces departamental, considerando que están involucrados derechos de niñas y niños, y sumó al proceso al Defensor del Pueblo provincial, dada la naturaleza colectiva del conflicto.

La comunidad lo hizo
Este reclamo judicial surge como resultado de un proceso de organización comunitaria frente a la falta de respuestas por parte de la empresa estatal y de las autoridades locales y provinciales, en un contexto de contaminación que compromete el acceso al agua segura en amplias zonas de la región. (InfoGEI) n