La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por siete de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. La presentación estaba vinculada con una denuncia penal que habían impulsado contra la fiscal Verónica Zamboni y otros funcionarios judiciales por presuntas irregularidades en las primeras indagatorias.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el planteo al considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no respondía adecuadamente a los argumentos de la resolución apelada. El fallo cierra este recorrido recursivo, sin revisar las condenas por el homicidio.
La denuncia había sido promovida por el abogado Hugo Tomei cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los siete sostenían que, al declarar pocas horas después del crimen, no habían recibido información adecuada sobre los hechos que se les atribuían ni sobre las pruebas reunidas en su contra.
La defensa también cuestionaba la confección y firma de las actas. Según su planteo, las diferencias de apenas minutos entre algunas declaraciones eran insuficientes para cumplir con las formalidades previstas por el Código Procesal Penal bonaerense.
Además de incorporar esos cuestionamientos a la causa por el asesinato, Tomei impulsó un expediente independiente por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Entre los denunciados estaban Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores permitió que los denunciantes intervinieran como particulares damnificados. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por ausencia de dolo. También se rechazaron las declaraciones testimoniales y otras medidas de prueba solicitadas por la defensa.
Tomei pidió una revisión ante el superior del fiscal, que ratificó la decisión. Luego recusó a Mancinelli y cuestionó la constitucionalidad del mecanismo de revisión, al sostener que impedía a sus representados ser escuchados por un juez imparcial. Ambos pedidos fueron rechazados y esa resolución fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
La Suprema Corte de Justicia provincial rechazó una queja en agosto de 2025 y denegó el recurso extraordinario en abril de 2026. La posterior presentación ante la Corte nacional también fue desestimada, esta vez por deficiencias en su fundamentación.