El reclamo desde la organización sindical lamentó que la iniciativa “fue elaborada sin convocar ni consultar a las organizaciones gremiales, a los trabajadores embarcados ni a quienes diariamente sostienen el funcionamiento operativo de la navegación y el transporte fluvial y marítimo argentino”.
En este contexto, el titular de SICONARA, Mariano Vilar, sostuvo que “no estamos frente a un proyecto técnico ni ante una propuesta orientada al desarrollo nacional. Estamos frente a un nuevo intento de desregulación que pone en riesgo el trabajo argentino, la Marina Mercante y la soberanía logística de nuestro país”.
Al mismo tiempo, advirtió que, “detrás de estas iniciativas aparecen siempre los intereses económicos concentrados y foráneos que buscan maximizar su rentabilidad a costa de debilitar la capacidad estratégica del Estado argentino y destruir puestos de trabajo nacionales”.

La apertura a
buques extranjeros representa un “grave retroceso”
Para el sindicato liderado por Vilar, la apertura del cabotaje a banderas extranjeras “representa un grave retroceso para el país, ya que implicaría menos empleo argentino, menos industria naval, menos desarrollo regional y una creciente dependencia de intereses externos”, argumentaron enfáticamente.
Asimismo, Vilar amplió que “cada buque argentino que desaparece significa menos trabajo, menos astilleros, menos talleres y menos futuro para miles de familias. Defender el cabotaje nacional no es una discusión sectorial. Es defender la soberanía, la producción y la capacidad de la Argentina de controlar y desarrollar su propio sistema de transporte”.
A la voz de Vilar se sumó la del secretario de la Seccional Rosario del SICONARA, Fernando Ramírez. “Detrás de este proyecto aparecen nuevamente los intereses de la Bolsa de Comercio de Rosario y de las grandes exportadoras”, denunció, argumentando que “buscan seguir aumentando sus ganancias multimillonarias a costa del trabajo argentino y de la soberanía nacional”.
Según los diputados que impulsan la normativa, se busca reemplazar una ley que data de 1944 para adaptarla a las exigencias logísticas y competitivas del siglo XXI. n