La temporada 2026 en Pinamar volvió a poner en evidencia una de las deudas más urgentes del distrito: el descontrol en La Frontera, la extensa área de médanos al norte de la ciudad que cada verano concentra miles de vehículos todo terreno y un preocupante historial de accidentes graves. El caso más reciente, en el que un niño de 8 años resultó gravemente herido tras el vuelco de un UTV, reavivó los cuestionamientos sobre la falta de control y prevención en una zona que funciona al margen de cualquier normativa.
Detrás del desorden y la peligrosidad del lugar se esconde una trama compleja, donde se entrecruzan intereses privados, un vacío legal y un proyecto de seguridad que permanece encajonado. La propuesta fue impulsada por un grupo de empresarios locales preocupados por el creciente deterioro del área y el impacto que esta situación genera en la imagen del destino. El plan, denominado "Corredores Sustentables", contemplaba medidas concretas como la instalación de garitas de seguridad con asistencia médica, delimitación de circuitos diferenciados para vehículos según su uso, señalética inteligente y el cobro de un canon para sostener la presencia de ambulancias y fuerzas de seguridad.
Sin embargo, su implementación quedó paralizada por la falta de acuerdo entre los propietarios de los terrenos. Mientras Pinamar Sociedad Anónima, dueña de una parte significativa de la franja norte, expresó su respaldo al proyecto, desde la familia Gualtieri —titular de los médanos más conflictivos— no hubo respuestas ni voluntad de avanzar en la propuesta. Según fuentes cercanas a la negociación, los impulsores del plan nunca recibieron una devolución formal ni un canal de diálogo abierto por parte de los Gualtieri.
Este bloqueo deja a La Frontera en un limbo legal y operativo. Al tratarse de tierras privadas, el Municipio se excusa de realizar obras o aplicar controles permanentes, mientras que los dueños no ceden la gestión ni asumen responsabilidades concretas. En los hechos, el resultado es una "zona liberada" donde predominan la velocidad, el alcohol, la ausencia de casco y la falta de reglas claras. Un espacio donde las tragedias ya no sorprenden y donde cada accidente parece anunciar el próximo.
En este contexto, la inacción no solo deja al descubierto una burocracia que cuesta vidas, sino que vuelve urgente una definición política y empresarial que permita ordenar un área clave para la seguridad y el turismo de Pinamar.