Respaldados por el gremio Atilra, los empleados intervinieron la administración para asegurar el funcionamiento mínimo y garantizar el pago de haberes. La empresa —de capitales venezolanos— consideró la acción como una “toma forzada” y alertó sobre sus posibles consecuencias.
La producción, que en su apogeo alcanzaba los 250.000 litros de leche diarios, cayó a 180.000 litros el mes pasado y hoy se limita a apenas 40.000. Los atrasos salariales, sumados a deudas con proveedores, provocaron que la mayoría de los tamberos suspendiera el envío de materia prima: de los 180 que abastecían a la planta, solo 40 mantienen la entrega.
La situación financiera es crítica: se necesitan unos $3.000 millones mensuales para operar, pero la facturación ronda los $500 millones, monto que no permite cubrir simultáneamente salarios y pagos a productores. A esto se suma la amenaza de corte de electricidad y gas por falta de pago.
El impacto golpea de lleno a la economía local: comercios y proveedores han reducido el crédito y el temor al cierre definitivo crece entre los 12.000 habitantes de Suipacha. “Para el pueblo, sería un golpe durísimo”, advirtieron desde el sindicato.
Mientras gremio y empresa se acusan mutuamente sobre las causas de la crisis, la continuidad de La Suipachense depende de la llegada urgente de un inversor que inyecte capital. En la comunidad coinciden en que la cuenta regresiva ya comenzó y que el riesgo de un apagón total de la producción es inminente. (InfoGEI) n