El hecho fue anticipado por el intendente Guillermo Montenegro quien en conferencia de prensa deslizó la posibilidad de que personal municipal pueda utilizar “armas no letales” para intervenir en delitos, una atribución que en la actualidad solamente tienen los efectivos policiales.
Luego de analizar el planteo hacia el interior del Gabinete local, la gestión decidió encarar el proceso de contratación con un presupuesto solicitado a la firma Bersa, una empresa manufacturadora de armas portátiles de la Argentina.
Según confiaron fuentes al portal 0223, se pidió una cotización por 30 pistolas Byrna de tipo 9 milímetros con cartuchos de 5 balas cada una, y 10 rifles de asalto, con mayor presión, distancia y municiones. Se trata de armas que funcionan a base de dióxido de carbono y, si bien pueden lanzar proyectiles sólidos, químicos u orgánicos, los balines se fragmentan al impacto y liberan una sustancia similar al gas pimienta.
Este tipo de elementos son de venta libre y no necesitan condicionamientos o permisos, como sucede en el caso de las Taser que conllevan otros procedimientos.
La intención del Municipio en la lucha contra la inseguridad es dotar de estas herramientas al personal que suele afrontar determinadas acciones con conflictividad, como el trabajo en el espacio público. Allí, los empleados se ven expuestos de forma permanente a enfrentamientos, por lo que la secretaría a cargo de Rodrigo Gonçalvez busca contar con medidas para neutralizar y disuadir estos hechos de violencia.
De acuerdo los datos a los que accedió este medio, los montos definirán si se tratará de una compra directa, una licitación o un concurso de precios, aunque hay una certeza: la Comuna quiere hacerlo en el menor tiempo posible.

Preparar al personal
Mientras se esperan los tiempos administrativos necesarios para gestionar la compra, se trabaja en los protocolos para la utilización de dichas armas, proceso que será seguido de capacitaciones para quienes vayan a usarlas.
El personal elegido será aquel que esté asignado a las tareas preventivas y que cumpla con los requisitos para poder llevar un elemento como un arma, siempre bajo un orden opcional.
La mira del Gobierno local está puesta en reducir los conflictos, ya que no en todos los casos se van a utilizar las herramientas sino que se plantean como un 'elemento disuasorio' para neutralizar una situación en escalada, que hoy cuesta más frenar.
Las agresiones al personal municipal, en especial a los inspectores, han preocupado a los funcionarios, que buscan reestablecer la figura de autoridad.
'Estamos para dar el debate sobre cualquier tipo de legalidad o legislación', confiaron desde el interior del Municipio, y adelantaron que todo el proceso se hará de forma 'clara y prolija' para cumplir con la normativa vigente. n