La sentencia, a la que accedió el portal 0223, aún no está firme debido a una apelación presentada por la Provincia. El fallo reconoce que existieron deficiencias en el servicio penitenciario que contribuyeron al desenlace fatal. El juez Simón Isacch sostuvo que la violencia carcelaria constituye un problema conocido y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes se encuentran privados de libertad.
La demanda fue presentada por Natalia Rivera, viuda de Cajal, en representación propia y de sus hijos. Rivera argumentó que la Provincia incumplió su “obligación legal de garantizar la seguridad” de su esposo. Por su parte, la Fiscalía de Estado defendió la actuación oficial al sostener que las lesiones sufridas por Cajal fueron “imprevistas” y resultado de un conflicto entre internos que se resolvió con rapidez.
El contexto del crimen revela una escalada de tensiones dentro del penal. Cajal había protagonizado enfrentamientos previos con Emanuel Tonzo y con el líder del pabellón, Víctor Fernández Ale. Testigos señalaron que Fernández Ale ejercía un rol de liderazgo entre los reclusos y mantenía una postura estricta contra la presencia de armas y drogas en el pabellón. La situación se agravó cuando Cajal insultó a Fernández, lo que desencadenó el ataque mortal.
El día del asesinato, Fernández Ale acorraló a Cajal y lo apuñaló en varias partes del cuerpo. A pesar de los intentos de la víctima por defenderse, falleció poco después en el Hospital Interzonal General de Agudos. El juez Isacch subrayó en su fallo que, aunque la muerte se produjo durante una pelea entre internos, el Estado podría haber evitado el desenlace si hubiera garantizado condiciones adecuadas de seguridad.
La resolución judicial establece que la Provincia deberá abonar siete millones de pesos a la viuda y tres millones y medio de pesos a cada hijo, sumas que contemplan la pérdida de chance, el daño moral y el daño psíquico. La medida fue apelada y permanece sin ejecución firme. n