La iniciativa estaba en confección desde hacía tiempo, pero su presentación se aceleró luego de que la semana pasada se produjeran fuertes disturbios en la movilización al Congreso que convocaron jubilados y a la que luego se sumaron hinchas y que fue calificada por el Gobierno como la "marcha de los barras".
"Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas, describió la iniciativa la funcionaria en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Bullrich prometió que a través del proyecto de ley Antibarras "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" de fútbol. "Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras", señaló.
Según la funcionaria, actualmente hay "15 mil personas impedidas de ingresar a las canchas argentinas", pero planteó la necesidad de avanzar sobre "los negociados que rodean a la actividad de las barras", como por ejemplo "castigando a los dirigentes que facilitan entradas y micros o el ingreso de elementos contundentes o armas a las canchas", algo que contempla este proyecto.
"Ya bajamos de manera sustancial la violencia pero esta ley va a seguir bajando la violencia en el fútbol. Es exitoso el programa Tribunas Seguras pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales", insistió Bullrich.
El proyecto, redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, busca tipificar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y, por ende, ser tratadas como organizaciones criminales. Se pretende así llenar los vacíos legales que hasta ahora permitían a las barras bravas actuar prácticamente con impunidad.
Además el proyecto hace foco en los dirigentes de los clubes de fútbol y prevé sanciones de cárcel para ellos, en caso de que se demuestre una relación de connivencia o apoyo logístico a los barras. n