Diputados nacionales del Peronismo Federal solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que abra una investigación formal sobre billeteras digitales y otros proveedores no financieros ante la presunción de posibles conductas anticompetitivas.
La presentación menciona a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, aunque el pedido busca analizar un universo mucho más amplio: 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre ellos mutuales y cooperativas autorizadas por el Banco Central para operar.
Uno de los principales puntos bajo análisis es el costo del financiamiento que ofrecen estas plataformas. El diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los firmantes de la presentación, advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento de las familias y cuestionó las tasas aplicadas en determinados créditos.
Según sostuvo el legislador, existen casos en los que las tasas llegan al 700% anual y aseguró que ya hay más de 5,5 millones de deudores. En ese contexto, vinculó el aumento del uso del crédito con las dificultades de numerosos hogares para afrontar gastos cotidianos.
Los diputados pidieron que la ANC requiera al Banco Central información sobre el volumen de operaciones y la participación de mercado de las entidades investigadas. También solicitaron conocer el historial de las Tasas Efectivas Anuales (TEA) y los Costos Financieros Totales (CFT) aplicados durante los últimos 24 meses, además de los niveles de morosidad y endeudamiento registrados por cada proveedor.
Otro aspecto central de la presentación son los mecanismos utilizados para decidir quién accede a un préstamo y bajo qué condiciones. Los legisladores solicitaron conformar un cuerpo de especialistas en economía e informática para auditar los algoritmos de asignación de crédito y los sistemas de evaluación —conocidos como scoring— utilizados por las aplicaciones.
El objetivo es establecer si el uso de información transaccional puede derivar en diferencias de precios o tasas vinculadas con la falta de alternativas de determinados usuarios y si esos mecanismos generan barreras para la entrada de otros competidores.
La denuncia también plantea interrogantes sobre la interoperabilidad de la información. Según los diputados, las dificultades para trasladar historiales transaccionales de una plataforma a otra podrían impedir que los usuarios lleven consigo sus antecedentes crediticios al cambiar de proveedor, lo que eventualmente limitaría la competencia.
La presentación solicita investigar posibles incumplimientos de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, la Carta Orgánica del Banco Central y disposiciones del Código Civil y Comercial vinculadas con el abuso de derecho y de posición dominante.
Los legisladores reclamaron que, en caso de comprobarse irregularidades, se ordene el cese de las conductas cuestionadas y se apliquen las sanciones previstas por la legislación vigente.
El planteo lleva las firmas de Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.