“La posición del Reino Unido es clara: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”, sostuvo la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en un comunicado difundido por el Gobierno británico.
Según Londres, ese derecho forma parte de la autodeterminación de los habitantes de las islas, se iformó la Agencia Noticias Argentinas.
El pronunciamiento se produjo después de que la Argentina intensificara sus advertencias a empresas y personas que suministran bienes y servicios, de manera directa o indirecta, a las Islas Malvinas, particularmente en actividades vinculadas con el sector de hidrocarburos.
El Reino Unido sostuvo que su Gobierno y su red diplomática “respaldan plenamente” a esas compañías y particulares y calificó de “inaceptables” las acusaciones y medidas impulsadas desde Buenos Aires.
La declaración británica se suma a una guía publicada el 15 de septiembre, en la que Londres sostiene que respalda las actividades económicas en las islas y el desarrollo de sus recursos naturales.
En ese documento, el Gobierno británico afirma que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las Malvinas están reguladas por la legislación de las islas y sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación a empresas o personas vinculadas con negocios en el archipiélago.

La respuesta
de la Argentina
La posición británica se produce días después de que la Cancillería argentina rechazara la guía de Londres y anunciara una profundización de las medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las áreas bajo disputa de soberanía.
El Gobierno argentino sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional y considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización de las autoridades argentinas.
La Cancillería señaló que las leyes 26.659 y 26.915 establecen sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
En ese marco, la Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países y que inició 60 procedimientos administrativos.
La disputa también está vinculada con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
El Reino Unido, por su parte, sostuvo que las medidas argentinas no impedirán el desarrollo económico de las islas y afirmó que existen “enormes oportunidades” para las empresas que quieran operar allí. “Trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos”, señaló Kumaran. n