El Gobierno nacional busca retomar la iniciativa política con el envío al Congreso de una serie de proyectos de ley anunciados por el presidente durante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Según trascendió desde la Casa Rosada, este viernes 20 de marzo sería la fecha elegida para girar las primeras iniciativas al Parlamento, en momentos en que aún se termina de definir la conformación de las comisiones en ambas cámaras.
La estrategia oficial todavía mantiene una incógnita central: si los proyectos ingresarán de manera escalonada o como parte de un paquete amplio que concentre el debate legislativo y limite la capacidad de reacción de la oposición. En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya fue notificado sobre la inminencia del envío.
De acuerdo a lo anticipado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el puntapié inicial estará dado por una propuesta de modificación del Código Penal, orientada a endurecer las penas y a incorporar nuevas figuras delictivas. Entre los cambios que trascendieron se encuentra la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, equiparándolos en su tratamiento a los de lesa humanidad.
En paralelo, el Ejecutivo avanzará con un paquete de leyes vinculadas a la propiedad privada. Allí se incluyen modificaciones a la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de fuegos, además de iniciativas de regularización dominial para la integración socio-urbana. En el caso de la normativa sobre incendios, uno de los cambios más significativos sería la eliminación de la prohibición de modificar el uso de tierras afectadas por el fuego durante décadas, una herramienta que buscaba desalentar incendios intencionales con fines productivos o inmobiliarios.
El escenario legislativo se complejiza con otros proyectos que ya están en agenda. Entre ellos, la ley de glaciares, que tendrá audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo con una alta participación ciudadana, y las iniciativas que buscan modificar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario.
Estas últimas generan particular tensión, ya que fueron aprobadas y ratificadas por el Congreso durante 2025, pero el Ejecutivo impulsa cambios para adecuarlas al objetivo de equilibrio fiscal. En el caso del financiamiento universitario, la propuesta oficial plantea una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos y modifica el mecanismo de actualización presupuestaria, alejándose del esquema de ajuste por inflación que establecía la ley vigente.
Respecto a la ley de discapacidad, el Gobierno no difundió detalles concretos, aunque adelantó que la intención es compatibilizarla con las metas fiscales. Sectores vinculados a la temática advierten que esto podría traducirse en un recorte en las prestaciones.
Con este conjunto de iniciativas, el oficialismo intenta recuperar centralidad en la agenda legislativa en un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos internos, mientras se prepara para un debate que anticipa alta conflictividad en el Congreso.