De acuerdo a lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, detrás de los dos textos está el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Pero no está solo: el funcionario escuchó voces del mundo inmobiliario, por ejemplo, para redondear un proyecto que busca consagrar que el corretaje finalice una etapa de consideración de profesión liberal y pase a ser simplemente un servicio de intermediación comercial.
Una de ellas fue la Jorge Amoreo Casotti, CEO de Proptech Pint, una start up que se asentó en el mapa inmobiliario y que le acercó algunas ideas al ministro para que se termine de redondear la iniciativa que tendrá ruido en el ambiente.
Para el empresario, “el corretaje inmobiliario no es medicina, ingeniería ni una ciencia reservada a iniciados". "Es una actividad comercial que conecta a dos partes, para facilitar una operación y cobrar una comisión. Durante décadas, el lobby sindical agrupado en FAEMCI, disfrazó ese servicio de profesión tutelada para apropiarse legalmente del mercado”, agregó.
En esa línea, remarcó que las leyes nacionales 20.266 y 25.028 “instalaron la trampa unificadora”. Esto significa que exigieron título universitario y habilitaron a las provincias a levantar “un cerrojo”. Casotti apuntó que “desde 2003, el modelo se expandió mediante leyes provinciales que crearon colegios obligatorios, territorios cautivos, comisiones reguladas, cajas millonarias y organismos que habilitan, cobran, inspeccionan y sancionan. Juez, parte y recaudador. Todo dentro de la misma corporación”.
Por eso, el proyecto, entre otras condiciones, apunta a desterrar el rol de los colegios, con toda su artillería sancionatoria. Además, busca eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones y, algo fundamental: la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional.
“La matrícula no garantiza ética, capacidad ni excelencia: garantiza que alguien pagó para entrar al sistema. Los colegios no protegen al consumidor; protegen su exclusividad. Y cuando persiguen a quien trabaja sin su permiso, no están defendiendo calidad: están eliminando competencia con la fuerza del Estado”, justifica Casotti este punto que ya genera controversia en el ambiente.
Paralelamente, el oficialismo quiere implementar cambios de fondo en el código aduanero. Ante este medio, una persona que trabaja en la Aduana y que pudo acceder al borrador de la iniciativa confirmó que la administración de Javier Milei intentará relajar controles, prescindir de personal, terminar con burocracia para agilizar el ingreso y egreso de mercadería y, fundamentalmente, cambiar la figura y las penalidades de lo estipulado por contrabando.
Desde el SUPARA, el sindicato que nuclea a los trabajadores del organismo, ya advirtieron que los cambios estructurales sin la participación de los trabajadores podría debilitar el sistema de control. El gremio asimismo indicó que el funcionamiento del comercio exterior no puede analizarse en forma aislada sin considerar el rol de la Aduana en la regulación, la fiscalización y el resguardo del interés nacional.
Para el gremio, conducido por Daniel Mallotti, no es un buen momento para la desregularización y comenzó a tener contactos, con coincidencias, con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). De hecho, ya hablaron del incremento del comercio ilegal y reclamó al Gobierno “reforzar los controles fronterizos, para evitar el daño que hace a nuestra industria y las pérdidas fiscales millonarias que provoca el contrabando”. n