La Libertad Avanza buscará demorar en el Congreso Nacional el debate sobre el DNU de la reforma de la ley de inteligencia, a fin de frenar la embestida de la oposición que buscará derogar ese decreto en el mes de febrero.
Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, y la izquierda quieren derogar el DNU y consideran que la ley no establece que no se puede debatir en el receso o extraordinarias, pero es poco probable que puedan abrir el recinto de sesiones antes que comiencen el período ordinario.
El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el dictado del DNU al Congreso y la bicameral tiene luego diez días hábiles para emitir dictamen, ya que si no lo hace se puede tratar sin despacho en el recinto de sesiones.
Los opositores rechazaron con énfasis los puntos mas polémicos ya que se incluye en el decreto incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.
De acuerdo a la ley el DNU se puede convalidar con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo se debe hacer con la votación de las dos cámaras del Congreso.
Fuentes legislativas opositoras señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que varios especialistas en derecho constitucional consideran que se puede abrir el recinto en febrero para tratar la derogación del DNU, pero señalaron que no será “fácil” y que primero se debe garantizar los 129 diputados para tener quórum y los votos para voltear esa norma del Gobierno.
Por lo pronto, la primera reacción de Provincias Unidas fue reclamar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente Martín Menem para que se conformen las comisiones bicamerales de Tramite Legislativo y de Fiscalización de los organismos de inteligencia.
En esa nota le piden a Villarruel y Menem que se proceda a la “regularización y designación de los integrantes de las Comisiones Bicamerales Permanentes de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de Trámite Legislativo”
“Asimismo, solicitamos que, una vez cumplidos los plazos constitucionales y los previstos en la Ley 26.122, se convoque de forma urgente e inmediata a la Comisión de Trámite Legislativo a fin de considerar la validez del DNU y sus reformas en materia de inteligencia”, dice la nota firmada por Maximiliano Ferraro y otros legisladores.
Lo que sucede que la Comisión Bicameral Permanente debe estudiar la validez del DNU mientras que la otra comisión sobre inteligencia hace una fiscalización de las tareas que realiza la SIDE.
La comisión que monitorea los DNU tiene 16 miembros (8 senadores y 8 diputados) y la presidencia este año le corresponde al Senado, ya que en el 2025 la titularidad la ejerció el diputado del MID, Oscar Zago.
Si bien los opositores quieren acelerar el tratamiento saben que deben reunir el quórum de 129 legisladores y hasta ahora estarían juntando 120 legisladores con lo cual necesitarán al menos nueve de los bloques provinciales o la UCR.
Hasta ahora solo el PRO prefirió la cautela y dejó trascender que un equipo especializado que se encuentra analizando el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
Señalaron que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva.
En tanto la UCR y los bloques dialoguistas no expusieron su punto de visto sobre el DNU del Gobierno, lo cual abre le da margen al oficialismo para que pueda al menos convencer a esos legisladores que no den quórum cuando la oposición quiera derogar ese DNU, señalaron fuentes a NA

Ley regulatoria
de DNU
La ley 26122 establece que el jefe de Gabinete en un plazo de diez días debe comunicar a la comisión de Tramite Legislativo el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Fija que “en caso de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete”
También dispone que que vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras “se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.
Uno de los puntos que argumentan los opositores para tratarlo en febrero es que la ley establece que luego de vencido los plazo el plenario de ambas cámaras “deben darle inmediato y expreso tratamiento”. n