De acuerdo a lo que trascendió de parte de fuentes libertarias, el texto incluye desde la eliminación de las PASO hasta cambios en el financiamiento de los partidos, pasando por nuevas exigencias para su funcionamiento.
Para el oficialismo, las primarias abiertas son “una encuesta nacional” muy cara. Su eliminación significaría un ahorro para el Estado de 200 millones de dólares, según los cálculos del ministro del Interior, Diego Santilli. Aunque hay muchos gobernadores, especialmente opositores, que no ven con buenos ojos quitar la instancia para dirimir candidaturas.
Otro de los ejes centrales apunta a lo que en la Casa Rosada denominan “motosierra a los sellos de goma”. Porque la normativa endurece los requisitos para la existencia de partidos políticos, con el objetivo de reducir la proliferación de estructuras “sin representación real”. En ese marco, se plantean mayores exigencias de afiliados y desempeño electoral para conservar la personería jurídica, lo que impactaría especialmente en fuerzas minoritarias.
Un ejemplo: se cambia la afiliación partidaria en papel por un mecanismo de avales realizados de manera biométrica para evitar falsificaciones, cada fuerza deberá afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral bajo un tope sobre dos millones de electores.
Y si ese espacio pretende tener representación nacional y ser reconocido como tal, deberá demostrar presencia en al menos diez provincias y no cinco como hasta el momento. La personería se perderá si no llega a obtener el 3% del padrón en una de dos contiendas electorales consecutivas.
El paquete también introduce cambios en el financiamiento de la política, con una reducción del peso del Estado y nuevas reglas para los aportes. Además, se incluye el proyecto de “Ficha Limpia”, que busca impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción, uno de los puntos más sensibles: el condenado por delito doloso establecido en segunda instancia quedará inhabilitado para competir por cargos electivos. La norma se extiende a los miembros del Poder Ejecutivo.
En paralelo, el oficialismo propone suspender el comicio directo al Parlasur, una medida que implicaría eliminar por ahora esa instancia del calendario electoral nacional y que la Cámara de Diputados seleccione a los integrantes en base a su composición.
A esto se suma la intención de quitar la obligatoriedad de los debates presidenciales, que pasarían a ser optativos para los candidatos, modificando una de las herramientas de exposición pública más relevantes de las campañas.
Todo apunta a que esta reforma podría discutirse en las próximas semanas en el Congreso. Pero en un escenario complejo, atravesado por negociaciones con gobernadores y bloques opositores. Los aliados ya colocaron interrogantes. n