Investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de fondos públicos
Un informe de la Procuración General bonaerense apunta contra tres exfuncionarios municipales por posibles delitos vinculados al uso indebido de recursos destinados a obras públicas en 2015 y 2016. La causa sigue en etapa investigativa.
La Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a través de su Unidad de Investigación de Delitos Económicos, elevó un informe al fiscal interviniente en una causa que investiga supuestas irregularidades en la administración de fondos públicos por parte del Municipio de Villa Gesell durante los años 2015 y 2016. El documento, fechado el 1 de agosto de 2025 y revelado por la revista La Tecla, se centra en las declaraciones del actual secretario de Hacienda Víctor Ciriaco, la tesorera municipal Silvia Jorge y el exsecretario de Hacienda Jonathan Tranon. Según el análisis de la Procuración, los tres habrían intervenido en maniobras administrativas que involucraron el uso de recursos afectados a obras públicas con fines distintos a los previstos originalmente. La investigación sostiene que parte de esos fondos fueron colocados en plazos fijos bancarios y que los intereses generados no fueron reintegrados a las arcas municipales, lo que podría constituir una posible malversación de caudales públicos. Además, el informe detalla la existencia de pagos sin respaldo documental y movimientos financieros por fuera de lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Uno de los puntos destacados es la intervención de Tranon, quien por entonces ocupaba un cargo relevante en el área de Gobierno y habría autorizado órdenes de pago ahora bajo sospecha. Cabe recordar que el Honorable Tribunal de Cuentas ya había advertido sobre irregularidades similares en ejercicios anteriores, particularmente en lo referido a la imputación de intereses y el destino de recursos afectados. Estas observaciones motivaron una nueva revisión por parte del Ministerio Público. En sus descargos, los funcionarios implicados aseguraron haber actuado dentro del marco normativo y afirmaron que no hubo perjuicio económico para el Municipio. Sin embargo, la Unidad de Delitos Económicos consideró que las explicaciones no alcanzan para deslindarlos de responsabilidad penal, por lo que la causa sigue en curso. El expediente se enmarca en una serie de actuaciones impulsadas por la Procuración General bonaerense, orientadas a fortalecer los controles sobre el uso de fondos públicos en los municipios y prevenir delitos contra la administración.n
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