Continúa el avasallamiento del Gobierno de Javier Milei hacia los discapacitados, en este caso se trata del proyecto de ley que el Gobierno nacional envió el pasado viernes al Congreso de la Nación denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que según explicaron desde el Ejecutivo, tiene como objetivo combatir presuntos casos de fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. No obstante, al mismo tiempo el proyecto introduce nuevas reglamentaciones de control, como reempadronamiento, auditorías, y al mismo tiempo endurece los requisitos para poder acceder o mantener el beneficio, como por ejemplo la incompatibilidad con el mundo laboral.
En función de ello, desde Opinión consultamos a Viviana Gabriele, Directora municipal de Discapacidad del partido de La Costa, quien en principio se horrorizó frente al nombre del proyecto de ley, ya que señaló que el mismo “está presumiendo que las personas con discapacidad son un fraude”, cuando en realidad aseguró que “el fraude realmente son ellos, porque esto ya no tiene límites”. Sobre los alcances de la ley indicó que “lo que quieren hacer es que todas las personas tengan que ir a reempadronarse”, lo cual explicó que implica que “tengan que iniciar el trámite nuevamente, con todo el desgaste que esto significa para las familias”, ya que en líneas generales en el reempadronamiento “tienen que demostrar que tienen este derecho porque realmente les corresponde”.
En este aspecto, la funcionaria aclaró que solicitar una pensión por discapacidad no es un trámite sencillo, ya que indicó que “se les pide un montón de documentación”, que entre otras cosas incluye “un informe socioambiental, acreditar la discapacidad, pasa por un montón de instancias antes de tener esta pensión”, al tiempo que consideró que el Gobierno “cruzando datos, probablemente puedan llegar a estos casos y detectarlos”. Asimismo, señaló que desde el año 2024 con la actual gestión de Gobierno nacional “no salen las pensiones nacionales, están frenados los trámites que la gente inicia”.
Por otro lado, en relación a las pensiones anteriores, Gabriele recordó que “el año pasado tuvimos auditorías”, en las cuales en muchos casos las notificaciones para citar a las personas llegaban a domicilios donde ya no residían, por lo cual aseguró que “fue todo una locura”. Al mismo tiempo, recordó también que “disolvieron la Agencia Nacional de Discapacidad en el momento en que se detectó una clara acción de corrupción”, y consideró que “para borrar todo eso, disolvieron la Agencia Nacional y pasó al Ministerio de Salud, restringiendo a la discapacidad como solamente una cuestión de salud, volviendo al modelo médico hegemónico”, por lo cual sostuvo que “este Gobierno está haciendo todo mal en cuestión de discapacidad”.
Por ello, la funcionaria manifestó que “tenemos que seguir batallando”, ya que indicó que “ahora lo que sigue es tratar de que en la Cámara de Diputados este proyecto no se trate directamente”, ya que además enfatizó que el nombre de la ley “es una violación de los derechos humanos”, porque volvió a recalcar que “presume que las personas tienen un fraude por tener una pensión”, con lo cual aseguró que “están vulnerando derechos ya con el título del proyecto”.
Al mismo tiempo, Gabriele recordó que aún se espera la reglamentación de la ley de emergencia que ya ha sido aprobada, acerca de lo cual comentó: “Si bien la Corte Suprema obligó a reglamentarla, solamente hay 7 artículos de los 22 reglamentados y de cada uno las partes que son las menos importantes, es decir que hoy no funciona esta ley de emergencia, no está aplicada, así que hay que seguir trabajando para que no sigan vulnerando nuestros derechos y seguir conservando los pocos que quedan, porque vienen por todo. Lamentablemente en cuanto a la discapacidad creo que no hubo una gestión peor que la que estamos viviendo hoy, y con un pronóstico que no es alentador”.
Por otro lado, la funcionaria advirtió que esto atenta “no solamente el dinero de una pensión, que hoy la verdad que también es una miseria porque no alcanza para vivir”, sino que también cercena los derechos de acceso a la salud y a la medicación. En esta línea, advirtió que con esta nueva embestida del Gobierno nacional se ataca directamente “la dignidad de las personas”, ya que sostuvo que “se está bastardeando a las personas con discapacidad al poner palabras como fraude, porque es ponerlas en un lugar totalmente injusto”. Por ello, enfatizó que es sumamente importante en estos tiempos “militar desde el tema de la discapacidad”, ya que consideró que “es una manera también de dignificar a las personas que hoy no están siendo reconocidas”.
Por último, la Directora municipal de Discapacidad manifestó: “En las sociedades avanzadas, en muchísimos países, el Estado es garante de derechos y las personas con discapacidad tienen un montón de apoyo desde el Estado. Así que deberíamos tratar de imitar estos modelos y no los modelos capitalistas, en donde toda persona que no es productiva, como un jubilado o una persona con discapacidad, se descarta. En los países más evolucionados es al contrario, se las reconoce y se las cuida como tiene que ser”.

Lic. Graciela Marker