Alejandro fue detenido en un estado de crisis emocional y trasladado a la Comisaría 3ª, donde falleció bajo custodia policial. Las pericias determinaron que murió como resultado de golpes y asfixia, un hecho que sus familiares califican como tortura.

“Queremos justicia para Alejandro, que los culpables paguen con una condena justa y sin privilegios. Es lo único que nos queda, porque a Alejandro no nos lo devuelve nadie”, expresó su ex esposa durante la entrevista en el medio local.

En el caso, declarado como homicidio agravado, tres policías serán juzgados como coautores materiales mediante un juicio por jurado, mientras que seis partícipes secundarios enfrentan un juicio técnico. “Rogamos que los jueces y el jurado actúen sin miedo, porque acá la única víctima es Alejandro”, agregó.

Durante la entrevista, la mujer también denunció irregularidades en la investigación inicial: “Tuvieron tres días para limpiar el calabozo y borrar pruebas. Nunca apareció el teléfono de Alejandro ni el dinero que llevaba. Quisieron estigmatizarlo, pero él no tenía antecedentes”.

La Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires actúan como querellantes en el caso, brindando apoyo a la familia. Sin embargo, criticaron la falta de respuestas por parte del Ministerio de Seguridad, señalando como “horrorosas” las declaraciones públicas de Sergio Berni sobre el caso.

La familia espera la fecha de inicio de los juicios y reafirma su pedido para que no haya más impunidad. “Alejandro fue entregado vivo a la policía y nos lo devolvieron torturado en un cajón. Esto no puede volver a pasar”, concluyeron.