La investigación se había originado a partir de una denuncia que cuestionaba el traslado de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti, en un vuelo oficial con destino a Estados Unidos, en el marco de una gira institucional.
Tras una serie de medidas de prueba, la Fiscalía solicitó el archivo del expediente al considerar que no se configuraba una conducta penalmente relevante, postura que fue finalmente avalada por el magistrado. En su resolución, Rafecas sostuvo que las circunstancias del viaje “no encuadraban en el accionar típico investigado” y, por lo tanto, “carecían de relevancia en términos jurídico penales”.
Uno de los ejes centrales del análisis fue el uso del avión presidencial. Sobre ese punto, el dictamen fiscal, retomado por el juez, señaló que “no se advierte una desviación del destino final”, ya que el vuelo se realizó en el marco de “una misión oficial debidamente autorizada”.
Además, se remarcó que la aeronave “no fue utilizada con fines particulares ni privados”, sino dentro de una actividad estatal legítima, y que la presencia de un acompañante “no alteró la naturaleza jurídica del vuelo ni su finalidad pública”.
En esa línea, también se descartó la existencia de perjuicio económico para el Estado. Según la investigación, “no se verifica una erogación particular por la presencia” de Angeletti, y los gastos se limitaron a los correspondientes al funcionario.
De hecho, la fiscalía concluyó que “la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, lo que resultó clave para descartar la hipótesis de malversación. El fallo también destacó que el avión contaba con plazas disponibles, por lo que la invitación cursada a la esposa del funcionario fue considerada “un uso razonable de la discrecionalidad” del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, se verificó que el pasaje de regreso de Angeletti no fue abonado con fondos públicos, lo que reforzó la conclusión de que no hubo irregularidades en el manejo de recursos estatales. Finalmente, Rafecas dispuso el archivo de la causa “por inexistencia de delito”, en línea con lo solicitado por la fiscalía.
El juez también subrayó que, ante la decisión del Ministerio Público de no impulsar la acción penal, no corresponde avanzar con el proceso, ya que “no hay jurisdicción sin una acción que la requiera”. n