La sanción de la reforma del régimen de Zona Fría abrió un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Luego de que el Senado de la Nación aprobara los cambios impulsados por el Gobierno nacional, intendentes y legisladores comenzaron a preparar acciones judiciales para intentar frenar la eliminación del beneficio en los municipios alcanzados por la medida.
La iniciativa fue aprobada este jueves en la Cámara alta por 38 votos contra 8 y modifica la ampliación realizada en 2021. Como consecuencia, 94 municipios bonaerenses quedan fuera del régimen general que contempla descuentos en las facturas de gas. La norma todavía debe ser promulgada y reglamentada para entrar en vigencia.
La discusión tiene especial impacto en la Quinta Sección Electoral, donde dirigentes políticos comenzaron a trabajar en una respuesta conjunta. La diputada nacional Jimena López informó que avanza junto con intendentes de la región en la preparación de un amparo colectivo, con la intención de sumar también a organismos vinculados con la defensa de los usuarios.
Entre los distritos alcanzados por la modificación se encuentran municipios de la costa atlántica y otras ciudades bonaerenses como Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría, Azul y Tres Arroyos.
En paralelo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó que su municipio recurrirá a la Justicia Federal. El jefe comunal sostuvo que existen principios constitucionales que podrían haber sido vulnerados y señaló que el objetivo será conseguir la suspensión de los efectos de la reforma en su distrito.
El planteo de los municipios que cuestionan la nueva normativa se apoya, entre otros argumentos, en las características climáticas de las localidades incorporadas al régimen en 2021. Susbielles sostuvo que las temperaturas de Bahía Blanca son comparables con las de distintas ciudades patagónicas que continuarán dentro del esquema.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, defendieron la modificación bajo el argumento de que el nuevo sistema permitirá concentrar los subsidios en usuarios que acrediten una situación de vulnerabilidad económica. También cuestionaron que la ampliación aprobada en 2021 haya incorporado zonas que, según la posición oficial, no respondían al criterio climático original del régimen.
Con la aprobación legislativa consumada, la discusión comienza ahora a trasladarse a los tribunales. La eventual presentación colectiva que preparan dirigentes de la Quinta Sección podría convertirse en una de las principales herramientas para intentar sostener el beneficio en los municipios costeros afectados por la reforma.