El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2021. La propuesta apunta a eliminar el actual sistema de sellos negros de advertencia presentes en alimentos y bebidas y sustituirlo por un modelo que, según sus impulsores, unifique criterios con otros países del Mercosur.
La iniciativa fue presentada por legisladores alineados con el oficialismo y forma parte de un conjunto de reformas impulsadas desde el Ministerio de Desregulación. El objetivo declarado es reemplazar el sistema argentino por un reglamento técnico regional que armonice el etiquetado nutricional entre los países del bloque.
La ley vigente obliga a fabricantes a incorporar octógonos negros cuando los productos exceden determinados niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. Además, exige advertencias específicas para alimentos con edulcorantes o cafeína y limita estrategias publicitarias orientadas a niños y adolescentes. Entre otras restricciones, prohíbe utilizar personajes infantiles, celebridades, dibujos animados o promociones en envases con sellos de advertencia.
Quienes impulsan la derogación sostienen que la normativa actual no alcanzó los objetivos planteados al momento de su aprobación. Argumentan que el esquema genera distorsiones técnicas, dificulta la reformulación de productos y representa trabas para la producción, el comercio y la inversión. Según esa postura, el modelo argentino se basa en parámetros que evalúan proporciones de nutrientes respecto de las calorías totales, mientras otros países utilizan valores absolutos por cantidad de producto.
Los promotores del proyecto también señalan que la existencia de sistemas distintos dentro del Mercosur obliga a empresas exportadoras a adaptar envases y líneas de producción según cada mercado, con costos adicionales que terminarían trasladándose a los consumidores. La intención oficial es avanzar hacia un estándar común para toda la región.
La discusión no se limita a cuestiones técnicas. La Ley de Etiquetado Frontal fue presentada originalmente como una herramienta de salud pública para facilitar decisiones de consumo más informadas y advertir sobre componentes asociados a enfermedades vinculadas con la alimentación. Su eventual derogación reabre un debate sobre el rol del Estado en la regulación alimentaria, el derecho a la información nutricional y el equilibrio entre protección sanitaria y actividad económica.
Además del eventual cambio en los sellos, trascendió que el Ejecutivo evalúa flexibilizar otras restricciones incorporadas por la normativa vigente, como las vinculadas con la publicidad de productos alimenticios y el uso de elementos promocionales en envases.
Por el momento, el proyecto deberá atravesar el debate legislativo y reunir consensos para modificar una ley que transformó el etiquetado de miles de productos comercializados en el país durante los últimos años.