En la última sesión del Senado bonaerense se aprobó un proyecto impulsado por la legisladora costera Gabriela Demaría, con el objetivo de incorporar la figura de “daño directo” en el proceso de defensa de los derechos de las personas usuarias y consumidoras.

Se define al “Daño Directo” como “todo perjuicio o menoscabo al derecho del consumidor o usuario, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado sobre sus bienes e intereses económicos, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios, sin que comprenda al daño moral, ni las consecuencias de la lesión a su integridad psicofísica”, tal como figura en la letra de la iniciativa que pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

De esta manera, la senadora Demaría resaltó la importancia de incorporar esta figura a la legislación provincial ya que posibilita que las personas consumidoras y usuarias puedan recibir una indemnización por parte de los proveedores de productos y servicios dentro del propio proceso administrativo de Defensa del Consumidor, sin necesidad de iniciar un juicio.

“En el sistema actual, si una persona consumidora es dañada en sus bienes o intereses económicos, como resultado de un accionar u omisión de los proveedores, puede recurrir al proceso de Defensa del Consumidor para llegar a un acuerdo entre las partes. Pero si en esa instancia no se llega a un acuerdo, ese proceso termina para la persona consumidora que, si quisiera hacer un reclamo, tiene que ir a una instancia judicial”, explicó la Legisladora y agregó, “sabemos que esto implica tiempo y costos y que, según las estadísticas, se suele abandonar ese tipo de reclamos”. A través del Daño Directo se podrá fijar una indemnización que la persona consumidora recibirá directamente, sin necesidad de recorrer todo un proceso judicial.

Asimismo, en su exposición en el Recinto la Senadora destacó que “la Ley Nacional de Defensa del Consumidor ya contempla esta figura, pero que la jurisprudencia vigente no permite que se pueda aplicar teniendo en cuenta la ley nacional sino que exige que sea incorporada a la ley provincial y eso es lo que pretendemos precisamente con este proyecto”.

Por otro lado, el proyecto que tuvo media sanción, también prevé llenar un vacío existente en la legislación provincial respecto del plazo de prescripción aplicable al procedimiento de defensa del consumidor. Demaría detalló que se trata de “un plazo de 5 años que va a tener la persona usuaria y consumidora para poder interponer el reclamo en sede administrativa, plazo que puede suspenderse ante nuevas conductas abusivas o se inicie un nuevo proceso”.

Este proyecto “incorpora artículos en la ley 13.133 con el objetivo de actualizar su texto para ampliar la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Demaría en los fundamentos. Y concluye, “la constante evolución del Derecho de Consumo impone el desafío de mantener la normativa actualizada de tal manera que se garantice a las personas consumidoras y usuarias el reconocimiento y el pleno ejercicio de sus derechos”.