El Municipio de General Madariaga anunció que solicitará aclaraciones formales a las empresas petroleras y a los organismos de control competentes, luego de constatar que las estaciones de servicio YPF ubicadas en el distrito exhiben el mismo cuadro tarifario que aquellas situadas en Pinamar, a pesar de que en este último rige una tasa municipal del 3% que encarece el precio del combustible.
La situación fue verificada en la jornada de ayer por autoridades locales, quienes compararon los precios en la estación YPF de la rotonda —en jurisdicción madariaguense— con los de una estación similar en Pinamar. Ambas mostraban los mismos valores, pese a las diferencias impositivas entre ambos municipios. La diferencia sí se observa en la estación ubicada en Rivadavia y Avellaneda, dentro de la ciudad de General Madariaga, donde los precios al público son sensiblemente más bajos.
“Esta situación genera una preocupación legítima. El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente”, expresaron desde el Ejecutivo, que advirtió sobre la posible uniformidad de precios impuesta por la petrolera nacional, aun cuando los regímenes tributarios locales son dispares.
El Municipio destacó que esta falta de asimetría afecta directamente a los consumidores de Madariaga, quienes no deberían asumir un costo asociado a un tributo que no existe en el distrito. Además, consideró necesario visibilizar el verdadero origen de la carga impositiva que impacta en el precio del combustible, muchas veces atribuida erróneamente a los municipios.
Según datos oficiales, más del 90% de los tributos que componen el precio de los combustibles corresponden a impuestos nacionales y provinciales. La Nación concentra entre el 65 y el 70% de la recaudación, a través de gravámenes como el IVA, Ganancias, retenciones e impuestos específicos al combustible. Las provincias aportan entre el 25 y el 30%, con Ingresos Brutos como principal fuente. En cambio, los municipios sólo recaudan entre un 5 y un 10%, pese a ser quienes prestan la mayor parte de los servicios directos a la comunidad.
El Ejecutivo local aseguró que continuará con todas las gestiones necesarias para evitar que los vecinos paguen cargos indebidos y se comprometió a mantener informada a la población sobre el avance del reclamo.