La decisión de la Municipalidad de La Costa de avanzar con la recuperación del espacio ocupado por el Balneario Atlántico tiene detrás una extensa historia administrativa y judicial. Según la documentación incorporada al expediente, la concesión se extinguió de pleno derecho el 30 de abril de 2010, hace más de 16 años, y desde entonces no existió un acto administrativo que dispusiera su renovación.
El dato adquiere relevancia frente a la controversia generada en torno a la situación del establecimiento. De acuerdo con la posición sostenida por el Municipio en las actuaciones, el Decreto N.º 625/2026 no puso fin anticipadamente a una concesión vigente, sino que declaró formalmente una extinción que ya se había producido por vencimiento del plazo y ordenó la restitución del espacio.
Los antecedentes revelan además que la Municipalidad debió recurrir en cinco oportunidades a la Justicia para reclamar deudas y multas al responsable de la explotación. La primera acción consignada en la documentación data de febrero de 2018. Se trata del expediente N.º 52.897, iniciado ante el Juzgado de Paz Letrado del Partido de La Costa por una deuda correspondiente a la Tasa por Inspección General, que entonces ascendía a $881.973,56. En el marco de esas actuaciones se dispuso la inhibición del demandado y se trabó embargo sobre fondos. A ese antecedente se sumaron otros cuatro procesos iniciados el 26 de mayo de este año por multas municipales que, en conjunto, alcanzan los $8.214.840, sin contabilizar intereses, gastos y costas.
Las actuaciones detallan infracciones relacionadas con trabajos sobre la línea de médanos y modificaciones de la altimetría sin autorización; cables expuestos y deficiencias eléctricas; falta de libretas sanitarias; movimientos de suelo y trabajos no autorizados en el ingreso a la playa; una actividad bailable ajena al rubro habilitado; roturas en la vía pública; afectación del asfalto; exposición de caños; derrame de aguas servidas y daños sobre propiedad municipal.
Uno de esos antecedentes consigna además la clausura del establecimiento y, según consta en la documentación municipal, la negativa del titular a exhibir la habilitación comercial.

NUEVE AÑOS DE CÁNONES REGULARIZADOS EN 2022
La reconstrucción administrativa también permite conocer cómo fue el cumplimiento de las obligaciones económicas vinculadas con la explotación.
Los cánones correspondientes a los años 2013 a 2021, junto con reajustes de distintos períodos comprendidos entre 2012 y 2020, fueron regularizados conjuntamente recién el 21 de enero de 2022 mediante el Plan de Pagos N.º 57.180.
Para el Municipio, la aceptación de esos pagos no implicó una renovación de la concesión. La interpretación plasmada en el expediente establece que se trató exclusivamente del cobro de obligaciones generadas por la ocupación y explotación efectiva del espacio y que ello no otorgó un nuevo título ni prorrogó el que había vencido en 2010.
De hecho, las propias actuaciones distinguen los incumplimientos posteriores de la causa jurídica por la cual terminó la concesión: las multas y las deudas no provocaron su extinción. La concesión ya había finalizado el 30 de abril de 2010 por vencimiento del plazo.

UNA POLÍTICA PARA RECUPERAR PLAYA PÚBLICA
El caso se conoce en momentos en que la gestión del intendente Juan de Jesús comenzó a definir el futuro de distintas unidades turísticas fiscales ubicadas sobre el frente costero.
Como informó ayer el diario Opinión, ante una serie de concesiones que llegan a su vencimiento, el Intendente tomó la decisión de que alrededor del 20% de esos balnearios no vuelvan a ser concesionados y sean recuperados como espacios de playa pública.
La definición se complementa con otra medida: no licitar nuevos balnearios en el Partido de La Costa, continuando un proceso que lleva más de una década sin incorporar nuevas unidades y que paulatinamente busca ampliar la disponibilidad de sectores públicos sobre la playa.
En ese contexto, el expediente del Balneario Atlántico expone un caso particular, con una concesión cuyo plazo había terminado mucho antes: en abril de 2010.
La documentación administrativa y judicial permite así reconstruir una relación que se prolongó materialmente durante años, pero que, según sostiene la Municipalidad, no significó la renovación del vínculo jurídico original. Con esos antecedentes, la gestión municipal avanzó este año con la restitución del espacio, en paralelo a una política más amplia destinada a recuperar sectores del frente costero para uso público.