El convenio celebrado con la provincia de Buenos Aires es fundamental para la reconstrucción y el trabajo del Registro Nacional, en tanto allí, a causa de la densidad poblacional, es donde históricamente los índices de niños, niñas y adolescentes extraviados han superado a los del resto de las jurisdicciones.
En tal sentido, Soria expresó que “el trabajo que estamos llevando adelante con la Provincia de Buenos Aires es muy importante para poder recuperar mecanismos que el Estado ya tenía, pero que debido a la desidia y desarme que sufrió el Estado entre 2016 y 2019 todos los argentinos nos quedamos sin esas herramientas”.
“Esta medida se suma al conjunto de acciones que venimos desarrollando desde la Subsecretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y tiene como único objetivo fortalecer fortalecer el sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados para evitar delitos como la sustracción de menores, la venta y tráfico de niños”, añadió.
Según pudo saber InfoGEI, creado en julio de 2003 a partir de la sanción de la Ley 25.746, el Registro Nacional releva e interviene en casos de todo el país. Quienes informan los casos al Registro de acuerdo a la ley son las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, el Registro impulsó, desde su creación y a través de convenios, la articulación con otras entidades, como municipios, registros provinciales y organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto dio como resultado que el Registro dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lograra relevar, hasta 2014, 35.285 casos.
Sin embargo, dicho trabajo de articulación fue abandonado a partir del año 2016, generando un grave deterioro del organismo, concluyendo en el hecho de que, en 2020, último año en que se trabajó con las herramientas que había dejado a disposición la administración anterior, el Registro solamente pudo tomar conocimiento de 453 casos. En consecuencia, el Estado Nacional perdió capacidad de respuesta ante casos de niños, niñas y adolescentes extraviados en todo el país.
La reconstrucción del área se inició a poco tiempo de asumir el gobierno de Alberto Fernández, traspasando el Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, más emparentada con el trabajo registral. Durante el primer semestre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya recibió información sobre 536 casos, más de lo que se registró a lo largo de todo 2020. (InfoGEI) n