Luego que el Presidente Milei publicada esta semana en el Boletín Oficial el decreto que designa a los letrados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este viernes el Colegio de Abogadas y Abogados del partido de La Costa emitió un comunicado que lleva la firma de más de 50 letrados del distrito. En el comunicado se expresa el rechazo frente a esta decisión del Gobierno nacional, ya que se sostiene que esto “afecta gravemente la independencia del Poder Judicial, genera un retroceso institucional y agrava el descreimiento de la sociedad en las instituciones republicanas”. Al mismo tiempo, el escrito indicó que “la idea de una corte adicta al Ejecutivo generó hace 30 años las peores sentencias de dicho Tribunal”.
Al respecto se refirió el Dr. Leandro Alonso durante una entrevista ofrecida para Opinión, en la que explicó los varios motivos por los cuales se rechaza la medida del Gobierno nacional. En principio, precisó que “está previsto en la Constitución que el nombramiento de un juez de la Corte requiere la propuesta del Ejecutivo y que lo apruebe el Senado”, y recordó que en este caso “los dos jueces que el Gobierno ha nombrado y pretende que se incorporen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace un año que fueron propuestos y no lograron el visto bueno del Senado”, al tiempo que consideró que “nada hace prever que pueden lograr el visto bueno del Senado”, ya que sostuvo que “se ve que efectivamente no hay ningún tipo de posibilidad que esto suceda, al menos con uno de estos jueces, especialmente Lijo”.
A pesar de ello, el Dr. Alonso señaló que “a dos días de iniciar el periodo de sesiones ordinarias, es decir cuando ya estaría esta facultad legal de hacer este nombramiento, el Presidente los nombra con este decreto”, lo cual ha generado serias dudas. Sobre ello, el letrado manifestó: “Cuando uno ve ese tipo de cuestiones empieza a plantear seriamente el porqué de este tipo de maniobras tan burdas, por qué insistir con jueces que no tienen el consentimiento necesario, por qué hacerlo a dos o tres días de que perdía esta potestad, por qué insistir a pesar de las tremendas observaciones que ha tenido más que nada el juez Lijo. Se empiezan a generar distintas preguntas, como la necesidad de contar con una corte adicta, de querer generar algún tipo de reforma que pueda tener su traba lógica en el Poder Judicial y que entonces prefieran tener directamente jueces amigos”.
Por otra parte, el Dr. Alonso advirtió que toda esta maniobra del Gobierno nacional “nos lleva a un tema más complejo, que es la famosa seguridad jurídica”, y en este sentido recordó que durante años “estuvimos debatiendo la necesidad de tener seguridad jurídica para que las inversiones del exterior puedan venir”, y lo cierto es que aseguró que este tipo de medidas “realmente no dan seguridad jurídica”, ya que sostuvo que “una empresa seria no viene cuando los jueces son puestos a dedo y en forma turbia, sino cuando sabe que la seguridad jurídica realmente existe”, por lo cual manifestó que “en todo caso alguna empresa medio trucha que piensa que pueden venir y hacer algo, alguna barbaridad como la que hizo hace poco Milei con la criptomoneda”, basándose en el hecho que “la Corte tiene jueces amigos del Presidente que fallan a su favor”.
Al mismo tiempo, el letrado recordó que en la época del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “la seguridad jurídica era algo que tantas veces le criticamos del kirchnerismo”, incluso señaló que “con el Colegio de Abogados en su momento hicimos una presentación muy fuerte de amparo contra las reformas de la Justicia que quiso hacer Cristina Kirchner”, ya que indició que “pensábamos que avanzaba sobre el poder judicial”. Lo cierto es que consideró que “lamentablemente lo que criticábamos tanto termina siendo igualado o superado en muy poco tiempo”, ya que además consideró que el Presidente Milei “nunca quiso generar el consenso con el Senado”, sino que por el contrario “siempre quiso imponer, y cuando no puede imponer hacer estas cosas”, y estimó que lo motiva el hecho de poder “generar una mayoría en la Corte que avale cierto tipo de decisiones, más allá de la necesidad de un cambio de Constitución”.
Por último, el letrado agregó: “Hoy tenemos primero una cuestión de cupo, porque mínimo de los dos nombramientos uno tiene que ser mujer aunque no lo diga la Ley. Segundo queda claro que Gabriel Lijo no iba a conseguir la mayoría, entonces por qué insistir salvo que lo necesite por alguna cuestión que nada tiene que ver con sus conocimientos jurídicos, porque lejos está de ser un gran penalista, porque tiene los peores índices de actuación en el ámbito de la Justicia Federal, no tiene escrito ningún libro importante, no tiene escrita ninguna disertación importante. Se podrían buscar con seguridad infinidad de abogados penalistas con mayor prestigio que Lijo si efectivamente la idea era poner un abogado con conocimiento de derecho penal”.

Lic. Graciela Marker