La situación económica en los municipios de la provincia de Buenos Aires ingresó en una zona crítica. Intendentes de distintos signos políticos coinciden en que no cuentan con recursos suficientes para afrontar el pago de los sueldos de abril y reconocen que la planificación se limita al corto plazo, en un contexto de creciente demanda social y caída de ingresos.

El diagnóstico es compartido tanto en el conurbano como en el interior. Jefes comunales admiten que debieron aplicar recortes en áreas sensibles y describen el escenario como el más complejo de los últimos años. La crisis impacta en la asistencia alimentaria, el funcionamiento del sistema de salud, la seguridad y los servicios básicos.

En este marco, más de 60 intendentes prevén reunirse la próxima semana con legisladores bonaerenses para avanzar en la liberación de fondos provinciales actualmente afectados a destinos específicos. El planteo apunta a redirigir esos recursos hacia el pago de salarios, gastos corrientes y urgencias operativas.

El cuadro se agravó tras la decisión del gobierno provincial de suspender por 90 días el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), aunque en paralelo se anunció un incremento del 30% en las partidas del Servicio Alimentario Escolar. Aun así, los municipios advierten que la asistencia resulta insuficiente frente al aumento de la demanda.

Desde el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo, que reúne a distritos de distintos tamaños y signos políticos, señalaron que varios municipios no podrán cumplir con sus obligaciones salariales sin un rescate inmediato. Incluso, algunos admiten que ya no proyectan el pago del medio aguinaldo de mitad de año.

La presión financiera se refleja en números concretos. En algunos distritos, la masa salarial duplica los ingresos por coparticipación, mientras que los costos operativos, como combustibles o insumos médicos, se actualizan a un ritmo que supera ampliamente los recursos disponibles. En ese contexto, los municipios avanzaron en la eliminación de horas extras, reducción de bonificaciones y congelamiento de personal.

El reclamo también apunta al Gobierno nacional. Intendentes peronistas anunciaron una movilización frente al Ministerio de Capital Humano para exigir la restitución de fondos destinados a políticas alimentarias. La convocatoria contará con el respaldo del gobernador Axel Kicillof y dirigentes de la Federación Argentina de Municipios.

En paralelo, en la Legislatura bonaerense aguardan definiciones sobre la conformación de la comisión bicameral que debe supervisar el Fondo de Fortalecimiento Municipal, un instrumento clave que hoy mantiene recursos con destino restringido.

Mientras tanto, en los municipios crece la incertidumbre. Los intendentes advierten que la combinación de recortes, caída de ingresos y aumento de la demanda social configura un escenario de alta fragilidad que pone en riesgo el funcionamiento básico de las administraciones locales.