Un juez federal ordenó una medida cautelar que impide a cualquier medio de comunicación publicar o difundir audios presuntamente atribuibles a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente. Esta decisión, obtenida al requerimiento del Poder Ejecutivo, fue tomada sin exponer evidencias claras y concretas de daño grave e irreversible, y se justifica mediante la vaga alusión a “expectativas de castigo en la sociedad”.
Organismos de la prensa como ADEPA y FOPEA calificaron la medida como un claro acto de censura previa, incompatible con la Constitución Nacional (arts. 14 y 32) y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, constitucionalistas advierten que tal tipo de restricción no tiene cabida en un Estado democrático moderno y que la jurisprudencia argentina lo ha rechazado rotundamente en el pasado.
También la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC y su Honorable Consejo Directivo expresaron públicamente su preocupación por este intento de silenciar a la prensa mediante el aparato judicial, denunciando una maniobra coordinada que suma pedidos de allanamiento a domicilios de periodistas. A su vez, la Legislatura porteña confirmó su repudio mediante una iniciativa en defensa del derecho a informar.
Este episodio se suma a un contexto de creciente hostigamiento institucional. Desde el gobierno nacional se ha promovido una campaña de desprestigio contra periodistas, se han impulsado “milicias digitales” y se restringió el acceso a la información pública mediante decretos que limitan la publicidad oficial, además del cierre definitivo de Télam. Incluso, se implementó un “botón muteador” en conferencias de prensa presidenciales para silenciar a trabajadores de prensa en tiempo real.
La libertad de prensa no es un privilegio, sino una garantía esencial para la salud democrática de la República. Cuando los silencios se imponen por la vía judicial y sin fundamentos jurídicos sólidos, lo que se erosiona no es solo la capacidad de informar, sino también el derecho ciudadano a recibir y debatir información relevante sobre el poder.
En Opinión de La Costa creemos que callar a la prensa es, en última instancia, callar a la sociedad. Cada intento de limitar la circulación de información nos obliga a redoblar el compromiso con el periodismo independiente, con la verdad y con el derecho ciudadano a estar informado. La censura previa no solo vulnera a los medios, sino que empobrece el debate público y debilita la democracia que debemos defender día a día. Nuestro deber es seguir escribiendo, investigando y publicando, incluso frente a los intentos de silenciarnos.

Mariano Bobryk
Director