La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó este miércoles que presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), donde solicita que se analice si durante el proceso judicial que derivó en su condena por la causa Vialidad se respetaron las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La presentación fue acompañada por una carta abierta difundida en distintos medios internacionales y en sus redes sociales. Allí sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye la "pena principal" de la condena y la definió como una forma de "proscripción política", al considerar que impide que una parte del electorado pueda volver a elegirla como candidata.
En el texto, la exmandataria afirmó que fue sometida a un proceso judicial marcado por "arbitrariedades" incompatibles con el debido proceso y cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino. También señaló que la situación trasciende su caso personal y planteó que el uso de decisiones judiciales para excluir dirigentes políticos representa un riesgo para el funcionamiento democrático.
Fernández de Kirchner explicó que decidió acudir al organismo internacional para que se evalúe si el Estado argentino respetó las garantías previstas en los tratados internacionales de derechos humanos que el país suscribió. Además, informó que designó como representantes en esa instancia al jurista brasileño Rafael Valim y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego.
La expresidenta aseguró que continuará sosteniendo su inocencia mediante las herramientas previstas por el Estado de derecho y afirmó que su planteo busca defender el derecho a un juicio imparcial e independiente. La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema en 2025, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.