El referente local de la UCR y abogado Dr. Leandro Alonso, ofreció una entrevista para Opinión en la que se refirió a la situación que atraviesan hoy los discapacitados frente a las medidas de ajuste que viene implementando el Gobierno de Milei en este sector. Desde su propia experiencia, en años anteriores, en los que ha tenido que enfrentar grandes dificultades en relación a trámites para su hermano discapacitado, Alonso manifestó que por fortuna “tengo la posibilidad de agarrar el auto, tomarme un día de trabajo y llevarlo a donde tenga que llevarlo”, lo cual señaló que en muchos casos las personas no tienen estas posibilidades, ya que como ejemplo mencionó que “una persona que no tiene auto y vive en San Clemente y se tiene que ir a Pinamar a un turno a las 8:30 de la mañana, no hay forma lógica de que lo haga”.
Por ello, en relación a las auditorías que ha estado llevando a cabo el Gobierno nacional a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez, el letrado calificó este hecho como “un disparate”, tanto por “el fondo de la medida y por la forma de implementarlo”. Si bien aclaró que “nadie puede quejarse de que un Gobierno quiera hacer un relevamiento para encontrar algún tipo de abuso”, lo cierto es que manifestó que en los procedimientos que se realizan “lo que queda claro es que la forma en que lo llevó adelante llevó a una importante baja de pensiones de discapacidad de gente a quienes no le correspondía darles la baja”.
En este sentido, el Dr. Alonso explicó que muchas de las pensiones que han sido dadas de baja se ha producido “por no notificar adecuadamente a la gente y también por desconocimiento”. En principio, señaló que en muchos casos “para quien tiene algún tipo de incapacidad, no es fácil asistir a un control periódico”. Además, mencionó que se han enviado turnos donde “han llegado a citar a 700 personas para la misma hora en el mismo lugar”, y sostuvo que “queda claro que 700 personas a la misma hora no los vas a poder atender”, por lo que indicó que muchos terminaban yéndose sin ser atendidos y luego “se terminaban yendo con la baja como si no tuvieran derecho a la pensión”. Por ello volvió a insistir que “la baja de 80.000 pensiones claramente ha sido un disparate total”, ya que además advirtió que “habría que ver realmente de esas 80.000 cuántas no correspondía la baja”.
Por otra parte, el Dr. Alonso se refirió al recorte que el Gobierno nacional está llevando a cabo en relación a las prestaciones de salud para los discapacitados. En principio, señaló que uno de los problemas “tiene que ver con la no actualización de las tarifas relacionadas con los tratamientos”, lo cual sostuvo que “está generando muchos inconvenientes”, debido a que ante esta situación “muchos establecimientos entran en cesación de pagos de los propios profesionales, y los profesionales se van a la actividad privada donde cobran cinco veces más en efectivo”, provocando así que “muchos establecimientos hayan tenido que cerrar o bajar la calidad de atención”, lo cual concluye en la falta de atención disponible.
Como consecuencia de ello, Alonso advirtió que “se va perdiendo calidad de vida de la persona que necesitaba ese tipo de servicio”, y lo cierto es que sostuvo que es enorme “el perjuicio que se está causando”, ya que además manifestó que “es un perjuicio que no se soluciona mañana haciendo un aumento”. En este aspecto, mencionó que en el partido de La Costa “quizás no tenemos noción de ello, porque muchos se atienden por IOMA”, pero aseguró que “en muchas ciudades del interior, del Gran Buenos Aires, de Capital, donde hay mucha más atención a través de Incluir Salud o Profe, hay muchos establecimientos que están colapsados”. Asimismo, agregó: “Todo eso se ve agravado cuando ves que te descuentan por acá, te descuentan por allá, no actualizan nada, pero que después las coimas principales con los medicamentos las tienen precisamente la Agencia Nacional de Discapacidad”.
En relación a ello, el Dr. Alonso analizó la presunta corrupción en la ANDIS a raíz de los audios recientemente filtrados, y sobre ello manifestó que “más allá de lo que salgan a decir ahora, los audios no han sido nunca desmentidos”, al tiempo que sostuvo que “al dar directamente de baja a (Diego) Spagnuolo (ex director de la ANDIS) es simplemente una forma muy burda de tapar una situación”, ya que advirtió que “ni siquiera le pidieron que diera explicaciones o lo denunciaron penalmente, directamente le dijeron ándate”. Por ello consideró que “la misma presunción que se aplicó ante otros casos hay que aplicarla en esta”, como ha sido la causa Vialidad que llevó a la condena de Cristina Fernández de Kirchner.
En esta misma línea, el Dr. Alonso consideró que “las explicaciones que se están dando ahora, de que fue una operación”, si bien mencionó que “no dudo de que estas cosas siempre surgen como operaciones”, lo cierto es que no hay que perder el foco de que “existieron”, al tiempo que agregó: “También habría que plantearse seriamente si la operación viene por parte de algún sector político, o si la operación no viene por parte de algunos sectores de poder que simplemente aprovechan la ocasión para condicionar en futuras medidas económicas”.

Lic. Graciela Marker