La Municipalidad de La Costa expresó su firme acompañamiento y adhesión a las medidas de defensa de la escuela pública y de la soberanía institucional bonaerense, frente a los intentos de intromisión e ilegal fiscalización de organismos de la administración nacional en el territorio provincial. La postura fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por la gestión del intendente Juan de Jesús.

En ese marco, el Municipio informó que la Jefatura Distrital del Partido de La Costa comunicó la instrucción remitida por las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires para conocimiento de la comunidad educativa, haciendo propia la defensa de las escuelas públicas y de los derechos constitucionales de las y los trabajadores de la educación.

Asimismo, la Jefatura Distrital, a cargo de Laura Moramarco, destacó que el acatamiento registrado en el distrito durante la jornada de huelga del pasado 3 de agosto superó el 90% en los servicios educativos. Según se informó, el relevamiento fue realizado el viernes 31 de julio con el objetivo de garantizar que cada trabajador y trabajadora docente y no docente pudiera manifestar con total libertad su adhesión o no a la medida, entendiendo el derecho de huelga como una garantía constitucional inalienable.

En consonancia con la DGCyE provincial, también se difundió la respuesta institucional de la Provincia de Buenos Aires ante posibles requerimientos de fiscalización por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ese sentido, se indicó que el Ministerio de Trabajo de la Provincia intimó formalmente a la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se abstenga de solicitar información destinada a verificar "pisos de prestación mínima" o realizar fiscalizaciones sobre el empleo público de la jurisdicción provincial.

El comunicado además cita el artículo 6 de la Constitución Nacional, señalando que "se prohíbe taxativamente que entes administrativos nacionales ejerzan control o apliquen sanciones sobre materias reservadas exclusivamente a las provincias sin el debido proceso político-parlamentario. Todo requerimiento nacional sobre personal provincial es un avance ilegítimo sobre la autonomía local".

Finalmente, se informó que, ante cualquier requerimiento de informes o inspección de origen nacional, las autoridades escolares y dependencias del distrito deberán limitarse a señalar la falta de competencia del organismo nacional y abstenerse de realizar declaraciones o entregar documentación a agentes de jurisdicción nacional.