La Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas volvió a marcar límites frente a los intentos de avanzar con una reforma laboral sin consenso social, durante un plenario realizado en la Ciudad de Buenos Aires que reunió a dirigentes sindicales de todo el país. En ese marco, el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas Regional Tuyú, Jorge Fernández, advirtió sobre un nuevo avance contra los derechos laborales y reclamó que cualquier discusión se dé desde el diálogo y el respeto por las conquistas históricas del movimiento obrero.
“Una reforma laboral no puede imponerse ni construirse a espaldas de los trabajadores. El trabajo no es una variable de ajuste, es un derecho fundamental y una herramienta de integración social”, sostuvo Fernández en declaraciones a la prensa, al tiempo que alertó que repetir recetas del pasado “ya demostró cuáles son sus consecuencias sociales y económicas”.
El encuentro tuvo como uno de sus principales oradores a Hugo Moyano, quien cuestionó duramente a los gobernadores que, según denunció, negocian con el Gobierno nacional el acompañamiento legislativo a la reforma laboral. En su mensaje, el dirigente camionero comparó el escenario actual con el clima previo a la crisis de 2001 y lanzó una advertencia sobre prácticas que remiten a aquella etapa de la historia reciente.
En representación de la conducción nacional, el secretario general de las 62 Organizaciones Justicialistas, José Ibarra, fue el encargado de presentar el documento político consensuado por el espacio. Allí se sostiene que una reforma laboral moderna sólo es posible si se construye a partir de consensos amplios entre trabajadores, empleadores y el Estado, con el trabajo como eje central del desarrollo humano y social.
“El trabajo es el pilar de una sociedad justa, equilibrada y solidaria. No puede ser tratado como una mercancía sujeta a negociaciones coyunturales”, expresó Ibarra, al reafirmar la posición histórica del sindicalismo peronista en defensa de la dignidad laboral y la negociación colectiva.
En ese sentido, Jorge Fernández respaldó los lineamientos del documento y puso especial énfasis en la defensa del derecho de huelga, al advertir sobre los riesgos de ampliar de manera indiscriminada el concepto de servicios esenciales. “Limitar la protesta es debilitar la democracia sindical y vaciar de contenido un derecho constitucional”, afirmó.
El texto también plantea la necesidad de promover el empleo formal, combatir el trabajo no registrado, actualizar los convenios colectivos y avanzar en programas de capacitación y reconversión laboral con una mirada federal. Para Fernández, estos puntos demuestran que “el sindicalismo no se niega al debate, pero sí a cualquier intento de reforma que se haga sin diálogo y sin contemplar la realidad del interior del país”.
Con la participación de dirigentes de distintas regiones y un mensaje político contundente, el plenario dejó en claro que las 62 Organizaciones no convalidarán reformas que avancen sobre derechos conquistados. En un contexto de creciente tensión social, el sindicalismo peronista volvió a encender señales de alerta y a fijar una posición firme frente al Gobierno.