La Libertad Avanza presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para eliminar la exigencia del libre deuda como condición para obtener o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue impulsada por el diputado platense Juanes Osaba y busca desvincular el trámite administrativo del cobro de infracciones de tránsito.
La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927 para que ninguna autoridad provincial o municipal pueda exigir el pago previo de multas, tasas o tributos al momento de emitir, renovar o entregar un duplicado de la licencia. La única excepción contemplada corresponde a los casos en los que exista una inhabilitación vigente o una sanción firme que impida conducir.
Actualmente, numerosos municipios y la Provincia requieren que los conductores regularicen las infracciones pendientes antes de completar el trámite de renovación del registro. De aprobarse el proyecto, las multas seguirán siendo exigibles, aunque el Estado deberá recurrir a los mecanismos legales previstos para su cobro y ya no podrá utilizar la renovación de la licencia como herramienta para exigir el pago.
La iniciativa también establece que las infracciones que aún no cuenten con sentencia firme no podrán impedir el trámite. En esos casos, la autoridad competente únicamente deberá informar al conductor sobre la existencia de antecedentes pendientes.
Al presentar el proyecto, Osaba sostuvo que la obligación del libre deuda no surge de manera expresa de la Ley Nacional de Tránsito ni de la legislación bonaerense, sino que fue incorporada mediante el Decreto 532/09. En ese sentido, afirmó que el sistema actual convirtió un trámite destinado a verificar la aptitud para conducir en un mecanismo de presión para garantizar el cobro de multas.
"El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia", expresó el legislador.
En los fundamentos del proyecto también se señala que la Provincia ya dispone del juicio de apremio para reclamar judicialmente las multas con sentencia firme, por lo que impedir la renovación del registro implicaría utilizar una herramienta administrativa con fines recaudatorios.
La propuesta generó preocupación entre varios municipios bonaerenses, que consideran al libre deuda como uno de los principales mecanismos para incentivar el pago de infracciones. Desde distintos sectores del interior provincial advirtieron que la medida podría afectar los ingresos comunales en un contexto de restricciones presupuestarias y menores recursos provenientes del Gobierno nacional.
El debate, de avanzar el proyecto, no solo abarcará el aspecto administrativo del trámite, sino también el rol que cumple el sistema de infracciones dentro de la política de seguridad vial y las herramientas con las que cuentan la Provincia y los municipios para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.