En el mismo se advierte sobre las diferencias marcadas y existentes entre las Defensorías del Pueblo de las distintas provincias argentinas y se señala la falta de vacancias institucionales, acceso digital y las disparidades en los niveles de financiamiento. En este sentido, se da a conocer que tres distritos concentran el 91% de los recursos.
Al respecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot señaló que sin recursos no hay defensa posible de los derechos y fue contundente al decir afirmar que: “si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto”.
El relevamiento abarca 25 jurisdicciones: las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el trabajo realizado, en las provincias de Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa la figura de Defensor del Pueblo no existe. En Tierra del Fuego, en tanto, la vigencia institucional aparece como incierta.
Y a nivel nacional, el Congreso hace 17 años que no logra designar al Defensor del Pueblo de la Nación.
Además, da cuenta de que en la actualidad hay siete provincias sin partida presupuestaria y seis sin defensoría; no cuentan con financiamiento identificable para la función defensorial, dejando a más de 12 millones de argentinos sin acceso garantizado a este mecanismo de control ciudadano. n