En declaraciones radiales, Girard sostuvo que la iniciativa está dirigida a personas con alto poder adquisitivo que evadieron impuestos, y que su diseño no contempla beneficios reales para los sectores medios ni trabajadores.
“El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso”, aseguró.
Uno de los puntos más controvertidos, según el funcionario, es que el Gobierno “instala una confusión deliberada” sobre la penalización de la evasión fiscal.
“Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos”, alertó.
En un comunicado, Girard explicó que el nuevo esquema genera una sensación de seguridad jurídica que no se condice con la realidad. “Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”, remarcó.
El titular de ARBA también vinculó la implementación del régimen con la necesidad urgente de divisas en el marco de la fragilidad macroeconómica. “Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad”, señaló.
Finalmente, consideró que la medida consolida “la injusticia fiscal” y no aporta soluciones estructurales. “La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen. Este régimen no va en el sentido de corregir eso, sino que lo profundiza”, concluyó. n