En un fallo clave para el Municipio de General Juan Madariaga, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reconoció la legitimación activa de la Fiscalía de Estado para impulsar acciones judiciales en defensa del ambiente. El pronunciamiento revoca una decisión anterior de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y permite avanzar en el proceso iniciado contra la empresa Ecoplata S.A. y los titulares registrales de un predio contaminado donde se disponían residuos sólidos urbanos de Madariaga, Pinamar y Villa Gesell.
El expediente —caratulado “Fiscalía de Estado - Pcia. Bs. As. c/ Ecoplata S.A.” (n.º 76.371)— se enmarca en un largo conflicto ambiental y judicial por el predio ubicado sobre la Ruta 11. Allí, la empresa operó sin cumplir con sus obligaciones contractuales, generando una grave afectación ambiental.
La Corte bonaerense, por mayoría, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el fiscal de Estado, Hernán Gómez. El fallo sostiene que el reclamo trasciende el interés municipal y compromete directamente al patrimonio ambiental de la Provincia, lo que legitima la intervención del organismo como representante del Estado.
“Se trató de la expresión institucional del Estado provincial frente a una situación de daño ambiental extendido y persistente”, expresaron los jueces, quienes destacaron la necesidad de dar respuesta al mandato constitucional de protección del ambiente.
La causa había sido iniciada tras comprobarse que la empresa y los titulares del predio no cumplieron con las medidas de saneamiento, poniendo en riesgo la salud de la población y los recursos naturales. A partir de esta resolución, la Fiscalía de Estado podrá continuar con la demanda que busca la remediación del área afectada.
Desde el inicio de su gestión, el intendente Esteban Santoro impulsó la recuperación del predio y la salida del municipio del contrato con Ecoplata, rescindido en 2018. Ese mismo año se inició una demanda por contaminación y se comenzó a gestionar la remediación con apoyo nacional e internacional. En 2020 se presentó un proyecto de ley de expropiación que fue aprobado por unanimidad y convertido en ley en 2021.
Finalmente, en agosto de 2024, la Justicia de Dolores declaró expropiada la parcela, que pasó a ser propiedad de General Madariaga. El municipio apeló la indemnización dispuesta, por considerarla desajustada al daño ambiental acumulado durante años.
Con el reciente fallo de la Corte, se abre una nueva etapa en la lucha por la reparación ambiental del predio. La continuidad del proceso judicial resulta clave para que el impacto ecológico sea tenido en cuenta en la valuación del terreno y se avance en una solución sostenible para la región. n